En la coyuntura latinoamericana actual, la democracia ha sido justificada de forma discursiva como el mecanismo perfecto para el desarrollo de los pueblos, sin embargo, la democracia trae consigo las contradicciones intrínsecas de una ingobernabilidad.
Norberto Bobbio señala en su célebre Diccionario de Política, que la “democracia es tanto más fuerte cuanto más organizada está y que el aumento de la participación política, debe ir acompañado por una institucionalización (legitimación y aceptación) de los procedimientos y organizaciones políticas, si por el contrario disminuye la autoridad política, se sigue como consecuencia la ingobernabilidad del sistema” (pgs. 706).
En otras palabras, la gobernabilidad implica que un sistema político, sea cual fuere su forma de gobierno y cual fuese su gobernante, se encuentre en equilibrio con todos los sectores y mantenga más o menos una legitimidad, para que esto no se traduzca eventualmente en una ingobernabilidad y finalmente en una crisis política.
Pero, qué sucede, cuando aún con la legitimidad y con una alta aprobación, ¿un sistema político se encuentra en ingobernabilidad? ¿Es posible esto? Pensemos por un momento en un gobierno que, a los pocos meses de haber sido electo, mantiene aceptación y las fuerzas contrarias no permiten que su gobierno avance precisamente por no tener los equilibrios suficientes para mantenerse en el poder.
Esto, aunque suena paradójico, es algo muy común en nuestras democracias occidentales y qué decir de las democracias de América Latina, en donde un gobierno no solo tiene que mantener un equilibro con los poderes constitucionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sino que además, debe lidiar con poderes fácticos como los sindicatos, la oligarquía económica, los medios de comunicación o poderes financieros internacionales. Aún incluso un gobierno con alta legitimidad y alta aceptación de los ciudadanos, puede entrar en una ingobernabilidad frente a las presiones de estos poderes de facto que se ven afectadas en sus intereses.
Pensemos en el caso de Dilma Rousseff, un gobierno que fue destituido por una vía constitucional según el diseño parlamentario que tienen. Según artículo 86 de la Constitución de Brasil, el presidente puede ser sometido a un proceso de destitución (impeachment) con el voto de dos tercios de Cámara de Diputados. ¿Qué sucede en estos casos en donde el Legislativo puede remover al representante del Ejecutivo, pero no a la inversa? ¿Es equilibrio de poder o un uso faccioso para tirar presidentes a diestra y siniestra?
Si hablamos en términos de democracia, ¿no sería más legitimo que el pueblo decidiera cuándo remover a un gobernante? Habría que plantear entonces hasta qué punto se deben encontrar los márgenes del diseño constitucional porque de lo contrario, nos encontramos inmersos en un estado permanente de ingobernabilidad.
Lo mismo sucedió en Perú con el presidente Pedro Castillo, que fue destituido por el mismo procedimiento y el amplio poder que tiene el Legislativo sobre el Ejecutivo. Lo que podemos afirmar que no hubo golpe de Estado, como en muchos pseudo análisis que he visto en distintas editoriales. Porque tanto el presidente de Perú está facultado por la Constitución (según el artículo 132) para disolver al Congreso como el Congreso esta facultado para destituir al presidente según el artículo 100 de la misma carta Magna.
Confucio, el gran filósofo chino, solía decir que el caos proviene cuando hay una confusión en el lenguaje, por lo que lo mejor es definir los términos con sus respectivos conceptos. Por ejemplo, la definición de un golpe de Estado, que nos da el mismo Bobbio, es “efectuado por un grupo militar o por las fuerzas armadas en conjunto cuyas consecuencias mas usuales…consisten en el simple cambio de liderazgo político” (pg. 726).
Por lo cual, podemos concluir que esto no ocurrió en Perú, ni Pedro Castillo efectuó un golpe de Estado ni el Congreso efectuó un golpe de Estado ¿Qué sucedió entonces? Es difícil de definir, pero es mejor que como analistas, nos enfoquemos de realizar la mejor interpretación de la realidad a usar términos que lo único que transmiten son filias y fobias, y no un análisis basado en la verdad.
En el muy particular caso de Perú, no es ni siquiera que Pedro Castillo sea de izquierda, indígena, campesino o lo que sea, sino que es un problema de diseño Constitucional en el cual, gobierne quien gobierne puede ser destituido en cualquier momento por los legisladores. En 5 años Perú ha visto 5 presidentes, de los cuales 3 fueron destituidos por el mismo procedimiento.
Agregaría, además, que no es un problema solamente de diseño institucional, sino que también la Democracia comienza a mostrar sus contradicciones internas, en las cuales la gobernabilidad se ve difícilmente sostenible, y esto lo podemos ver en casos recientes de Lawfare, que ha documentado con bastante vehemencia Arantxa Tirado, en los cuales se han se muestran los casos de encarcelamiento judicial contra presidentes, ex presidentes o candidatos a la Presidencia para evitar a toda costa sus respectivos mandatos.
Los países latinoamericanos en años recientes se han visto envueltos en una dialéctica pendular de un gobierno de derecha o centro, seguido de un gobierno de izquierda y así sucesivamente, que no han generado mejores condiciones de vida de la población y mucho menos una estabilidad política. Habría entonces que plantear otro modelo de política que permita la coexistencia armoniosa de ambas, gobernabilidad, continuidad de políticas públicas y de Estado funcionales y por el otro de una disminución de la corrupción, que a todas luces se ven ensuciados todos los partidos políticos.
