Pocas cuestiones tan disruptivas a los poderes, sean de derecha o de izquierda; pocas cuestiones que ponen a prueba el optimismo de la globalización; pocas cuestiones que verifiquen si el discurso políticamente correcto se traduce en acciones de justicia. Esa cuestión es la de las personas migrantes.
El incendio del centro de detención de Ciudad Juárez el 27 de marzo, donde fallecieron 40 migrantes y resultaron lesionados por lo menos otros 22, suscita muchas reflexiones. El hecho es un nudo de factores, de irresponsabilidades, que exhibe a quienes pretenden esquivarlo, explicarlo de manera reduccionista, o lucrar políticamente. Revela la cultura de los muros contra los migrantes que denuncia el papa Francisco.
El número de migrantes que llega a nuestras fronteras se ha disparado, se han diversificado los países de origen y no los van a detener tragedias como ésta. En su raíz hay factores endógenos de cada país, como la miseria, el desempleo, la injusticia social, las violencias, la persecución política, de los que se desresponsabilizan los gobiernos.
Hay también una responsabilidad frecuentemente invisibilizada: la del colonialismo ejercido por Estados Unidos sobre América Latina desde hace dos siglos. Colonialismo que destruye y subordina las economías y sociedades locales, e introyecta el modo de consumir, trabajar, desear y vivir promovido por él.
Así, el capitalismo estadunidense genera un efecto de atracción de la gente a su modo de vida, a su supuesto progreso, pero al mismo tiempo, su dominio neocolonial provoca la expulsión de poblaciones que no tienen condiciones de vida digna en su país de origen, pero cuando éstas llegan a la frontera estadunidense, les levantan muros de hierro y de política migratoria racista y represiva. La dialéctica de la inclusión subordinada y la exclusión violenta.
También el gobierno federal tiene una seria responsabilidad. Por presión o por no haber de otra, ha tenido que ser partícipe de facto de la política migratoria estadunidense: ha militarizado las fronteras, contenido migrantes, improvisado una política de atención, con recursos muy insuficientes, sin participación de estados, municipios y sociedad. No ha extirpado la corrupción alojada desde hace añales en el Instituto Nacional de Migración, donde sigue habiendo extorsiones, maltratos, represión, perpetrados (y perpetuados) contra los migrantes. Las dependencias federales no están adecuadamente preparadas, ni tienen presupuesto ni infraestructura física suficientes, ni protocolos, para brindar un trato digno al número creciente de personas en movilidad.
Los gobiernos estatales y municipales de las entidades fronterizas se quejan de no contar con recursos suficientes para atender a los migrantes que llegan. Tienen algo de razón, pero también hay en ellos afán de desresponsabilizarse o actitudes xenófobas y racistas.
Es el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos: en abril de 2022 firmó un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott –mostrado en la Cámara de Diputados por la legisladora juarense Andrea Chávez–, que pretende detener el flujo de migrantes de más de 100 países que ingresan ilegalmente a Texas a través de Chihuahua. Para esto utilizarán drones y la tecnología de la Plataforma Centinela, sobada estrategia del gobierno panista que costará 4 mil 200 millones de pesos a los contribuyentes chihuahuenses, quienes así financiarán las acciones antinmigrantes del fascista gobernador texano.
Los muros, candados y agresiones contra los migrantes los pone también el ambiente xenófobo propiciado por fake news o declaraciones como las del alcalde de Juárez, quien dijo días antes del incendio: Nuestro nivel de paciencia con los migrantes se está agotando. Ya en noviembre pasado el área de derechos humanos del municipio demandaba al Instituto Nacional de Migración ejecutar redadas de migrantes en los cruceros porque ha habido muchas quejas de la gente. Como si no hubiera más quejas en esta frontera por la galopante inseguridad pública, el pésimo transporte y los eternos baches.
El hacer justicia, terminar con la impunidad y garantizar la no repetición de tragedias como la del 27 de marzo tiene responsables muy concretos: los tres órdenes de gobierno mexicano y el de Estados Unidos. Si éstos no transforman de fondo las actitudes y las acciones ante el problema, seguirá habiendo asesinatos y desapariciones de migrantes.
Debemos exigir al Estado mexicano que construya una política migratoria con enfoque efectivo de derechos humanos, abriéndose a la participación ciudadana. Quienes saben del asunto de las personas migrantes, incluso más que el propio gobierno, son las organizaciones de la sociedad que las apoyan y las cuidan, las iglesias y los activistas. Hay que escucharlas, invitarlas a participar. Ellas demandan recurrentemente la desmilitarización de las fronteras y la no criminalización de las personas en movilidad y brindarles atención y cuidado dignos, sin consideraciones políticas.
Asimismo, aprovechando el llamado ciclo progresista de la región, se debe promover la construcción de un pacto latinoamericano por los derechos humanos de los migrantes que sea base para un diálogo multilateral con el gobierno de Washington. Muchos sectores de allá lo apoyarían.
El masivo éxodo migrante continuará, y las tragedias se repetirán si no se transforma la cultura de los muros y los candados en el entorno de acogida a personas portadoras de derechos.
