Pueblos originarios de Puebla y Chiapas se defienden. Del 11 al 22 de noviembre se llevará acabo la Conferencia de las Partes (COP) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Bakú, Azerbaiyán, sobre el clima y sus efectos en el mundo.
Las COP han creado hitos mundiales para el movimiento por el clima, estableciendo normas y avanzando en la acción, entre otras cosas, para reducir las emisiones de carbono, acelerar la transición energética mundial y ayudar a los países a adaptarse y a aumentar su recuperación ante el agravamiento de los problemas climáticos.
Las COP son cruciales para reunir a los gobiernos y movilizar al sector privado, la sociedad civil, la industria y los particulares para hacer frente a la crisis climática.
Sin embargo, más allá de las reuniones y los conciliábulos, el clima y sus efectos en la vida cotidiana no dejan de ser noticia y tragedia constante. El suceso más reciente en Valencia así lo ilustra.
México también padeció los efectos de la temporada de huracanes y padece constantemente estos climas violentos.
Sin embargo, quienes padecen estos efectos de cambio y contaminación día con día y sin esperar grandes catástrofes, son los pueblos originarios que ven su hábitat transformarse con el llamado desarrollo.
El 7 y 8 de noviembre se realizó en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el segundo Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales: Reencontrarnos en la Resistencia 2024., organizado por Otros Mundos A.C, una organización ambientalista radicada en San Cristóbal de las Casas.
Después de analizar y compartir las experiencias y estrategias de lucha, manifestaron, mediante una declaración, que vivimos un momento de extrema inseguridad por la violencia desbordada e incontrolable y la crisis climática.
Para la organización Otros Mundos, la pandemia en 2020 reflejó la crisis ambiental global en la que vivimos, consecuencia de la lógica capitalista de extracción y explotación de los bienes naturales y de los territorios.
Cuatro años después de la emergencia sanitaria mundial corroboraron que el modelo extractivo quedó intacto, aún en etapas tan contundentes para la humanidad.
La crisis ambiental ha traído consecuencias tanto a la naturaleza como a quienes defienden a la misma. Por ello, al terminar los trabajos de este encuentro, exigieron la presentación de los desaparecidos debido a la inseguridad causada por el crimen organizado y en el contexto de las migraciones.
En su declaración también demandaron alto a la criminalización y persecución del pueblo garífuna (grupo étnico diseminado en comunidades que viven en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belice) por recuperar sus territorios y exigieron la liberación de los presos políticos y otros tantos luchadores sociales y defensores de los derechos humanos a quienes se les ha arrebatado su libertad.
En esa misma declaración, manifestaron que el sistema capitalista, racista y patriarcal, ahora aliado o interconectado con el crimen organizado, está llevando a cabo sobre sus territorios un modelo extractivo feroz de los bienes comunes naturales y culturales.
Los megaproyectos, agregaron, acechan nuestra región, así como las políticas neoliberales, con el afán de privatizar la vida y todo lo que se encuentra a su paso para incorporarla al mercado; dichas políticas significan para sus pueblos destrucción y exterminio. Señalaron que la energía, la salud, la educación, los bosques, el agua y su cultura no son mercancías, sino las condiciones necesarias para la vida digna de las comunidades.
El documento fue dado a conocer después de tres días de trabajos realizados en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, donde el 22 de diciembre de 1997 fueron masacrados 45 tzotziles por paramilitares. Tuvo una asistencia de más de 160 delegados de más de 40 organizaciones de seis países de México hasta Panamá.
Esta demanda se une a la que presentaron el pasado 5 de noviembre la tercera Asamblea de Pueblos Originarios de la Región Cholulteca en Defensa del Agua y la Vida, misma que congregó a 27 pueblos originarios de los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, San Andrés Calpan, Nealtican, Cuautlancingo Juan C. Bonilla, Tecuanipan y Santa Isabel Cholula en la comunidad de Santa María Acuexcomac, Puebla. Donde además se denunciaron actos de violencia, despojo y represión que se hace para extraer el agua de sus territorios, además de contaminar la región.
Los más de 20 pueblos se reunieron para exigir el cierre de los cinco pozos profundos en Acuexcomac y pedir perdón a la Madre Tierra y al espíritu del agua por haber permitido durante 30 años la desecación del manantial de Acuexcomac, la desaparición del río El Batan, la contaminación de los ríos y la desecación de muchos pozos.
En la declaratoria de la asamblea responsabilizaron a gobiernos anteriores por imponer en 1994 nueve pozos profundos para extraer más de 42 millones de litros de agua al día: con cinco pozos en Santa María Acuexcomac y cuatro en San Buenaventura Nealtican, autorizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Los pueblos acusaron en la asamblea que actualmente se está privatizando el agua en la entidad, lo que ha provocado la escasez en los municipios de la región. Denunciaron también la contaminación provocada por el basurero intermunicipal de Cholula, del que aún se exige un plan de abandono tras la clausura definitiva que lograron los pueblos el pasado 21 de agosto.
Mientras se realizan conferencias sobre el cambio climático tocando puntos en sus aspectos generales, de modo particular y concreto se van minando, en distintas regiones del mundo, las reservas naturales del planeta, afectando principalmente a los más desprotegidos.
