Se habla de autonomía en la UNAM. Sí, la obtuvo en 1929. Y eso le otorga capacidad para autogestionar su presupuesto y administrar su currícula sin interferencia gubernamental. Pero ¿hasta dónde puede pretextarse la autonomía, cuando sus dirigentes la tienen secuestrada?
Analicemos y discutamos a fondo. De entrada, no hay que olvidar que las universidades públicas que son creadas por ley del Congreso de la Unión están ubicadas dentro del orden jurídico establecido por un Estado de Derecho. Y deben, en estricto sentido, responder a él.
Pero, al ver el lucrativo negocio personal en que Enrique Graue y su camarilla han convertido a la UNAM, urge examinar si debe tolerarse que los dirigentes de una universidad pública, tomen decisiones adversas a las funciones que señala la ley de su creación.
De entrada, debemos analizar qué entendemos por autonomía universitaria. Al conversar con diferentes voces emanadas de la llamada “máxima casa de estudios”, pudimos concluir algunos aspectos que a continuación me permito enumerar:
1. Autonomía, nos dicen, es la facultad que poseen la UNAM para autogobernarse, de acuerdo a sus propia Ley Orgánica, designando a sus autoridades, determinando sus planes y programas de estudio, siguiendo, esencialmente, los principios de libertad de cátedra e investigación.
2. Que dicha autonomía implica, sobre todo, observar que sus fines se realicen de manera soberana y responsable. Y sin injerencia. Y, adicionalmente: que en esa autonomía siempre reine el libre examen y la plena (y respetuosa) discusión de las ideas.
3. Que los profesores, profesoras, académicos y académicas, teniendo siempre como faro alumbrador la libertad, puedan determinar, sin amonestación ni represalias de ninguna índole, sus planes y programas de estudios. Y alzar la voz cuando eso no ocurra o sea vulnerado.
4. Autonomía de gobierno. Que poseen la facultad de nombrar a sus propias autoridades, legislando en un ámbito interno, pero teniendo siempre en cuenta que, en cualquier circunstancia, deben actuar de manera transparente y sin contravenir las normas de la comunidad universitaria.
5. Autonomía económica, la cual implica la libre (y proba) administración de su patrimonio, pero bajo el entendido de que, al no poder cubrir sus necesidades con recursos propios, es el Estado el que otorga el subsidio, por lo cual, en determinados momentos, hay que responderle.
6. Y que por tales motivos, las relaciones entre la UNAM y el Estado deben ser, en todo momento, de mutuo respeto, y ciñéndose siempre, cada cual, al campo de atribuciones que le corresponde. Y sin enfrentamientos ni descalificaciones.
De todo esto, concluye la comunidad universitaria a la que invitamos a darnos su punto de vista, se puede colegir dos cosas:
1. Que los fines de la UNAM son impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos.
Y
2. Que otro de los propósitos esenciales de la UNAM debería ser: realizar investigación científica, técnica, artística y humanística, con el objetivo de difundir la cultura. Y todo ello, nos dice el profesorado, con elevado propósito de servicio al pueblo de México.
Pero ¿qué pasa cuando el rector de la UNAM, Enrique Graue, y sus corruptos subalternos han incumplido todos y cada uno de los presupuestos que la comunidad universitaria ha pensado como ideales? ¿Qué pasa cuando Graue, simplemente, reprime, roba y engaña? ¿Qué procede ahí?
Ante todas las veces que se ha visto acorralado, Ayer, 20 de junio, publicaron un comunicado. Hoy, un pronunciamiento:
En la UNAM están desesperados e insisten en querer tapar el sol con un dedo. En la máxima casa de estudios hay corrupción. Y está encabezada, de acuerdo con datos periodísticos, por el oftalmólogo Enrique Graue.
Sin embargo, con el cinismo que caracteriza a las autoridades universitarias, sacan ahora un pronunciamiento para manifestarse “en contra de la campaña de infundios y calumnias emprendida desde espacios informativos de dudosa ética profesional”.
Vaya soberbia y desfachatez.
Con su invencible desfachatez, dicen que desde nuestros “espacios de dudosa ética profesional” pretendemos “afectar el prestigio de nuestra casa de estudios y la honorabilidad de nuestro rector, el doctor Enrique Graue Wiechers”.
Vaya cara dura del “doctor”.
Pero se equivocan: el enemigo está en casa y se llama: corrupción. Y la ejecuta la burocracia dorada que encabeza Graue.
Ellos son los que pagan más de 10 millones de pesos a El Universal por imprimir la Gaceta UNAM y, desde ahí calumniar a quienes consideran sus enemigos.
No pueden negar que la UNAM ha dado a contratos a La Crónica de Hoy (por 10 millones 940 mil 400 pesos) y a El Universal (por 10 millones 773 mil 442 pesos), firmados por Néstor Martínez Cristo, quien se presumía “maestro” sin serlo.
“Maestros”, “doctores”, “honorables”…
Se necesita tener desvergüenza para negar el acoso sexual, el hostigamiento laboral y las pésimas condiciones laborales del profesorado.
¿Por qué no explican en la UNAM o y en su Sala de Prensa, qué hace en su junta de gobierno un sujeto acusado por delincuencia organizada?
¿Por qué no explican la relación que hay entre el Graue y Enrique Cabrero Mendoza? ¿Por qué no hablan sobre la amistad del rector con el dueño de El Universal [Francisco Ealy Ortiz]. ¿Es cierto que estaban formando periodistas a modo, desde las aulas de la UNAM, como aseguran?
Eso sería más importante y esclarecedor para la sociedad, y no andar amenazando, demandando y descalificando a periodistas cuyo único objetivo es informar.
Si los incomodamos, los enojamos y ya no saben cómo silenciarnos, les doy la fórmula: paren de robar y santo remedio.
