Si la energía y los recursos, las ominosas advertencias, las profecías apocalípticas que las empresas mineras emplean para atacar y defenderse del paquete de reformas para una minería regulada presentado por el Ejecutivo federal al Congreso el 28 de marzo, si todo eso se empleara para defender el gran e indispensable bien común que es el agua, ya estaríamos superando la crisis hídrica.
Es de reconocerse, difundirse y apoyarse este paquete de reformas a las leyes minera, de aguas nacionales, de equilibrio ecológico y protección del ambiente y de prevención y gestión integral de los residuos. Junto con las reformas que garantizan la libertad sindical y los incrementos a los salarios mínimos son de los avances indudables de la Cuarta Transformación (4T). La iniciativa no se opone a la minería, sino que busca que se desarrolle bajo límites precisos, garantizando el equilibrio entre los intereses económicos sociales y públicos, respetando el ambiente y los derechos humanos.
Uno de los aspectos que más preocupan a los negociantes con los recursos del subsuelo de la nación y a sus aliados legisladores y funcionarios son las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
Pese a que las mineras argumentan que el agua que gastan en sus operaciones, 472.53 hectómetros cúbicos al año, representa sólo
7.3 por ciento del agua concesionada al sector industrial, el agua de uso libre, es decir, la que no tiene concesión, inherente al laboreo de minas, es 2.9 veces mayor. Además, hay que considerar que 18.96 por ciento de las concesiones de minería metálica están en acuíferos sobrexplotados, que 72 por ciento de las concesiones vigentes se concentran en entidades del norte y occidente del país que sufren un fuerte estrés hídrico.
No se trata sólo del agua que consumen las minas, sino de la que desechan y contaminan. Según la Fundación Heinrich Boll, entre 2006 y 2020 ha habido más de una docena de derrames que han afectado seriamente corrientes de agua y ecosistemas de la República: además del consabido vertido en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, se han contaminado seriamente corrientes de agua en otras partes de Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Baja California Sur (https://bit.ly/41AUvek).
Precisamente, el abuso del agua y la descarga de residuos sin control a las presas de jales que frecuentemente se revientan, como en Urique, Chihuahua, en 2018, y lanzan enormes cantidades de desechos minerales a los ríos y arroyos son de los perjuicios que pretenden evitar las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, cuyo propósito es la estricta regulación hídrica en la minería.
De aprobarse la reforma, toda agua usada en minería deberá tener la concesión respectiva, medirse y pagar derechos. No se tramitará concesión minera si no se tramita la del agua. Se acaba el concepto de agua libre o de laboreo
de minas. Las concesiones tendrán vigencia de cinco años prorrogables por otros 15, si cumplen con su programa de restauración y no afecten a acuíferos ni a terceros. Una minera no podrá concesionar más de 30 por ciento de una cuenca o un acuífero. Se prohibirá la transmisión de concesiones de aguas. Se obligará a cumplir con un programa de restauración, cierre y poscierre desde el inicio de la operación minera que incluya reciclaje de agua, estabilización de residuos y restauración de los flujos de agua y ecosistemas. No se permitirá autorizar el depósito de residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales o cauces donde su ruptura afectaría a la población.
No es normal, como señala con razón Viri Ríos, que estas mineras que se oponen a la reforma hayan evadido al fisco entre 2015 y 2021 por 75 mil millones de pesos. No es normal que unos cuantos consorcios sigan explotando la naturaleza y hayan aumentado sus ingresos de 140 mil a 228 mil millones de pesos entre 2010 y 2018, mientras los municipios de donde la extraen mantengan a la mayoría de su población en pobreza. No es normal que empresas como Grupo México, Industrias Peñoles y un puñado de mineras extranjeras obtengan descomunales ganancias en las bolsas de valores, mientras devastan el ambiente, causan conflictos socioambientales, invaden territorios comunitarios, pagan derecho de piso a grupos criminales, mientras sus aportes a la economía nacional, al fisco y a la generación de empleos dignos y bien remunerados apenas si crecen.
Quitarle la etiqueta de normal
y legal
que el neoliberalismo salinista confirió a este saqueo de la naturaleza, de las comunidades y del país es el objetivo principal de este paquete de reformas. Esperamos, demandamos que los legisladores no se arruguen a la hora de votarlas, de rescatar las aguas nacionales del desperdicio y la contaminación.
No puede haber empresas que nadan en oro y plata en un país pobre y ahora sediento.
En memoria de Pablo González Casanova, sociólogo y luchador desde el Sur con el pueblo latinoamericano.
