De manera personal y en un arranque de soberbia, la jueza Nancy Juárez Salas pidió a la Presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, retirar del Diario Oficial de la Federación el decreto con el que entró en vigor la reforma del Poder Judicial.
Ante esto, la misma presidenta considera dicha petición como improcedente y sin sustento jurídico, anunció el viernes 18 de octubre en “La mañanera del pueblo”.
“No vamos a bajar la publicación”, aseguró la mandataria durante su conferencia matutina. “Y vamos a hacer una denuncia de esta jueza ante el Consejo de la Judicatura” porque, dijo, “un juez no está por encima del pueblo de México” y porque “jurídicamente no tiene ningún sustento”.
En la misma emisión matutina, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, dijo que cambiar la Constitución es una “autoridad soberana y originaria” del Congreso mexicano, y está exenta de revisión judicial.
Los cambios constitucionales para restructurar el Poder Judicial y que los magistrados sean elegidos por el voto popular, que entraron en vigor hace un mes, han sido cuestionados por trabajadores y magistrados sin un sustento jurídico y con un claro sesgo político, actitud que ellos mismos, paradójicamente, consideran que se ponen en riesgo los derechos básicos de la democracia mexicana al politizar la justicia.
En contradicciones permanentes y bajo cuestionamientos políticos más que jurídicos, se han realizado reclamos de magistrados y trabajadores. Esto ha llevado a que integrantes del sector judicial realicen un injusto paro de labores, aunque el Consejo de la Judicatura Federal determinó el miércoles que esta suspensión debía finalizar y si los empleados querían seguir con esto, debían hacerlo sin afectar a la impartición de justicia.
El proceso de reforma judicial sigue avanzando con la aprobación de las leyes secundarias necesarias para que los cambios se puedan concretar y ya está cerrada la fecha del 1 de junio de 2025 para celebrar la primera ronda de elecciones que incluirá a los miembros de los más altos tribunales, como la Suprema Corte de Justicia, y más de 800 jueces.
Bajo estas condiciones y de modo personal, sin analizar las condiciones jurídicas y las determinaciones legales realizadas, Nancy Juárez Salas pidió la supresión de dicha reforma contenida en el Diario Oficial de la Federación.
Con la prepotencia que caracteriza a ciertos jueces, la jueza no pidió sino que ordenó a la Presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la publicación referente a la reforma al Poder Judicial en un lapso de 24 horas, mencionando que el desacato a este mandato podría ser castigado con hasta siete años de cárcel tras ser denunciado ante el Ministerio Público.
La jueza Nancy Juárez Salas fue la encargada de encabezar las movilizaciones en el Estado de Veracruz, en específico en el municipio de Coatzacoalcos, donde otorgó los amparos de suspensión provisional de labores.
“Se requiere a las autoridades responsables: Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México. Deberán acreditar que acataron en sus términos la misma, conforme a los lineamientos establecidos en esta interlocutoria”, se lee en la orden emitida por Juárez Salas.
Ante esta desmesura e irresponsabilidad, la presidenta de México fue enfática respecto a que esa petición carecía de sustento jurídico, al tiempo que le recordó que ningún juez estaba por encima de la voluntad del pueblo de México, por lo cual el Gobierno que ella encabeza la denunciaría de manera oficial ante el Consejo de la Judicatura Federal aunque, al momento, no se ha dado a conocer una fecha exacta para esta medida legal.
Primero, “no vamos a bajar la publicación, y número dos, vamos a hacer una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad”, dijo la Presidenta.
La Presidenta Sheinbaum sabe de estos laberintos del poder judicial pues la jueza de Veracruz, egresada de la carrera de Derecho por la Universidad Tecnológica de México ejerció, entre otros cargos, el de dicente del Instituto de la Judicatura Federal, la cual pertenece a la institución ante la cual el Gobierno de México interpondrá una denuncia en su contra.
Ernestina Godoy destacó que ningún juez podría anular la publicación de la reforma constitucional hecha en el Diario Oficial, motivo por el que además adelantó que detrás de esta petición había un “claro conflicto de interés”.
“Ellos mismos saben, son constitucionalistas, son peritos del derecho, y saben que la misma Suprema Corte ha negado que se pueda revisar una reforma constitucional”, aseveró.
Y es que un juzgador no se puede auto facultar, para someter a revisión una reforma constitucional, como es el caso de la jueza de Veracruz, Nancy Juárez Salas, quien ordena a la Presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la publicación del Diario Oficial.