Hay más de 650 mil casas están abandonadas!
Durante estos dos sexenios se impulsó la construcción masiva de viviendas, generando grandes ganancias para desarrolladoras.
Durante los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, las desarrolladoras habitacionales proliferaron, generando ganancias millonarias.
Sin embargo, muchas viviendas se construyeron en zonas alejadas y sin infraestructura adecuada.
En estados como Nayarit y Coahuila, más de la mitad de las viviendas abandonadas han enfrentado largos y tortuosos procesos legales, afectando a propietarios que adquirieron sus casas mediante créditos del Infonavit.
A todo lo largo y ancho del país, los residentes de muchísimos fraccionamientos abandonados observan, con impotencia, como sus viviendas enfrentan un terrible deterioro.
En lugares como Huejotzingo, Puebla, solo el 25-30% de las casas están ocupadas; el resto ha sido vandalizada o invadida. La falta de servicios básicos ha llevado a muchos familias a abandonar sus hogares, creando un ciclo de deterioro y descomposición social.





Pero el impacto del abandono no es solo económico; también afecta la seguridad. Y es que, en muchas ocasiones, las casas vacías se convierten en focos de delincuencia y vandalismo, generando una percepción negativa en las comunidades.
El Infonavit juega un papel crucial en esta situación, siendo el principal organismo encargado de otorgar créditos para la adquisición de vivienda. Durante los sexenios panistas de Vicente Fox Felipe Calderón, se promovió la construcción masiva de viviendas, la mayoría financiadas por este instituto.
Este año, en Tamaulipas, el INEGI reportó 211 mil viviendas de Infonavit abandonadas.
De acuerdo con cifras el propio Infonavit, más de 650 mil viviendas están oficialmente reconocidas como abandonadas; sin embargo, el último censo (de 2020) sugiere que la cifra podría superar los seis millones.
El Infonavit, por su parte, ha identificado que la lejanía a los empleos incrementa el riesgo de abandono. Una serie de estudios indicó que un incremento de 1 kilómetro en la distancia a los empleos puede resultar en un aumento de 500 viviendas abandonadas.
Esto se debe a que las casas frecuentemente se construyen en áreas alejadas, incrementando los costos de transporte y reduciendo el ingreso disponible para el pago de hipotecas.
Durante la gestión Borrás Setién como director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), del 2001 al 2012, este organismo entregó 5 millones de créditos hipotecarios.

Durante su gestión, Borrás Setién recibió señalamientos de haber favorecido a Manuel Bribiesca, hijo de Martha Sahagún, en Infonavit.
Esto no impidió que Ricardo Anaya, en su campaña hacia 2018, lo designara para encabezar los “esfuerzos en vivienda y desarrollo urbano”, buscando enriquecer a las desarrolladoras inmobiliarias y continuar edificando viviendas sin servicios básicos.
Con Peña Nieto las cosas no fueron distintas. Durante ese sexenio, tras el fraude denunciado sobre unas 60 mil familias despojadas de sus viviendas en siete estados, solo hubo dos altos funcionarios en prisión, aunque más de veinte estaban involucrados.
Y, como siempre, en el Poder Judicial, la opacidad fue constante.
Pocas personas saben que durante esos sexenios, la dirección del Infonavit estuvo ocupada por un mismo individuo: Víctor Manuel Borrás Setién, un sujeto con mentalidad de banquero, que había sido directivo de Bancomer.
En 2019, por ejemplo, el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, fue detenido y encarcelado por su presunta participación en el millonario fraude contra alrededor de 60 mil derechohabientes del Infonavit.
El magistrado enfrentó los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, falsificación de documentos y fraude específico.Sin embargo, en enero de 2023, se le concedió un amparo y, en julio de ese mismo año, se acordó un procedimiento abreviado con la Fiscalía General del Estado que incluyó el pago de cuatro millones de pesos por reparación del daño. Y salió en libertad.