Es el caso de Alejandra Domínguez Santos, jueza de distrito con sede en el Reclusorio Oriente.
Esta juzgadora decidió absolver, del delito de fraude, a José Antonio “N”, director de Servicios Aéreos de la extinta PGR.
Esta mañana, durante la Conferencia Presidencial Mañanera, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que la FGR procederá penalmente contra la jueza Alejandra Domínguez Santos.
Le doy más detalles: En febrero de de 2022, un juez federal vinculó a proceso al general José Antonio Ramos Arévalo por su presunta responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y fraude equiparado.
Ramos Arévalo, en su carácter de director general de Servicios Aéreos, fue el responsable de avalar la compra de aviones no tripulados y drones de uso militar para labores de inteligencia por casi 615 millones de pesos.
La empresa favorecida por el subordinado de Jesús Murillo Karam, fue Balam Seguridad Privada. El primer contrato, para comprar aeronaves y drones, se firmó en 2013. Fue por 30 millones 693 mil 600 dólares, equivalentes, en ese momento, a 427 millones 46 mil 195 pesos.
El segundo contrato se firmó en 2015. Y fue por 10 millones 730 mil dólares, que, en ese momento, equivalían a 187 millones 775 mil pesos.
Sin embargo, cuando el caso llegó a manos de jueza Alejandra Domínguez Santos, todos estos elementos no le parecieron contundentes.
La juzgadora determinó que la compra fue justificada porque el exfuncionario intentaba mantener actualizada la flota aérea de la Dirección General de Servicios Aéreos y atender la demanda de diversas unidades de la Procuraduría y de otras instituciones de seguridad.
No obstante, los fiscales internos hicieron notar que, conforme a sus indagatorias, ningún área administrativa de la PGR había requerido la compra de drones, y que, incluso, hasta fechas recientes, se ignoraba la existencia de los aparatos en el inventario de la institución.
Alejandra Domínguez Santos determinó que la compra fue justificada porque el exfuncionario intentaba mantener actualizada la flota aérea de la Dirección General de Servicios Aéreos y atender la demanda de diversas unidades de la Procuraduría y de otras instituciones de seguridad.
La pregunta es ¿quién es y qué ha hecho esta jueza? Alejandra Domínguez Santos, quien desde 2018 ocupa el cargo de Jueza de Distrito, ha estado envuelta en diferentes polémicas.
El mes pasado, por ejemplo, Domínguez Santos, decidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva por libertad provisional a Blanca Alicia Bernal Castilla, ex agente del Ministerio Público Federal. Las autoridades la acusan por la desaparición forzada de personas, tortura, delitos contra la salud y falsificación de documentos relacionados con el caso Ayotzinapa.
Bernal Castillo, a quien esta jueza dejó en libertad, estuvo adscrita a la Seido y participó en la indagatoria del caso Iguala. La mujer fue detenida en septiembre de 2020 y acusada por la FGR por los delitos de tortura y contra la administración de la justicia.
Hay voces que sostienen que esta resolución absolutoria de Domínguez Santos, en un futuro, podría favorecer a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría y quien se encuentra prófugo en Israel. Hay que recordar que existen, al menos, tres órdenes de aprehensión vigentes contra Tomás Zerón.
Una es precisamente por los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, delitos por los que el exprocurador Murillo Karam, por cierto, ha sido enviado a prisión domiciliaria.
