La administración pública y su adecuado servicio es una labor que busca dirigir de la mejor manera un país.
Con esto se busca eficacia además de recomponer la marcha de una nave que debe funcionar sin despilfarros, dobles funciones y, lo más importante, evitar la corrupción donde instituciones fueron fachadas para sangrar el presupuesto en beneficios particulares como sucedió en el periodo neoliberal.
Por ello, se aprobó anoche la reforma a la Carta Magna que extingue siete órganos constitucionalmente autónomos, cuyas funciones serán asumidas por dependencias del Ejecutivo federal, y turnó el decreto a los congresos locales, donde se espera que a la brevedad también sea avalado.
Pese a que el senador Javier Corral votó en contra, Morena y sus aliados del PT y PVEM reunieron los 86 votos requeridos para conformar la mayoría calificada, sobre 42 en contra de la oposición.
En un debate de más de siete horas, PAN, MC y PRI insistieron de forma reiterada en su postura en contra de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y las comisiones Federal de Competencia Económica, Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía, Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, resaltó que esos órganos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han simbolizado el despilfarro, la opacidad, la duplicidad de funciones e intereses ajenos al pueblo, mientras los opositores advirtieron que el gobierno quiere concentrar poderes para actuar con total impunidad, sin rendición de cuentas.
Este gobierno humanista ha alcanzado la madurez institucional y ha demostrado que está listo para reasumir las funciones esenciales que alguna vez fueron delegadas a los organismos autónomos.
No se trata, sostuvo, de un retroceso, sino de un acto de responsabilidad histórica que reafirma nuestra capacidad de servir al pueblo directamente, sin intermediarios, recalcó.
Panistas, priístas y emecistas se centraron sobre todo en la defensa del INAI y repitieron a lo largo de las horas que en adelante se vivirá en la opacidad, sin control ni contrapesos.
Manlio Fabio Beltrones, senador priísta sin grupo parlamentario, advirtió que la reforma regresa al antiguo diseño de un Estado plural pequeño y un gobierno obeso y único. Se está reviviendo al ogro filantrópico, que tanto le costó al país erradicar.
En contraparte, la morenista Malú Mícher expuso en tribuna que el INAI autorizó solicitudes de información para saber cuántos calzones tenía el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pero rechazó informar sobre los contratos a las empresas de Xóchitl Gálvez y otra información relevante.
¡Debía darnos vergüenza estar defendiendo un organismo corrupto, mentiroso!, agregó Mícher en referencia a los gastos millonarios en viajes al extranjero y pagos en bares y centros nocturnos de los comisionados del INAI.
La morenista Verónica Camino sostuvo que hay un conjunto muy documentado de contrataciones y licitaciones que se han hecho desde el INAI, que por supuesto dejan mucho que desear y de transparente no tuvo nada.
Entre 2018 y 2024, los órganos autónomos recibieron 32 mil millones de pesos para funcionar, lo cual es lamentable si consideramos que auditorías recientes evidencian tráfico de influencias y desvíos de recursos, añadió Cantón Zetina, e hizo notar que esa cifra deberá dedicarse a los programas sociales.
La coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía, sostuvo que el gasto destinado a estos siete organismos autónomos únicamente representan 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y hay que tomar en cuenta que su existencia obedece a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, instruyó para que de inmediato se haga llegar el decreto, por todas las vías, a los congresos estatales.
Aunado a esto, la secretaría de Gobernación publicó ayer por la tarde el decreto con el que se modifica la estructura del gobierno federal, al crear nuevas secretarías.
Este anuncio ocurre gracias a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual fue aprobada esta semana por el Congreso.
Con la ordenanza, emitida en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se crean las secretarías de la Mujer y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
También la Secretaría de la Función Pública modifica su nombre, para ser definida ahora como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se define que es facultad de esta dependencia ejercer las atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, entre otras.
A la par, se le asignan nuevas atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como la coordinación con instancias estatales y llevar a cabo acciones para requerir, tener acceso, recibir e intercambiar información que pueda revelar o esclarecer hechos, aportar indicios y pruebas durante las investigaciones, por parte de las instituciones y autoridades que dispongan de ella.
El decreto entró en vigor este viernes.