Malas señales. ¿Cambios o simulación? Dos organismos públicos diseñados para la protección de los derechos ciudadanos han quedado en malas manos y esto plantea un panorama turbio y sospechoso en torno al sexenio que está por iniciar, ya que no habrá contrapesos para el gobierno que encabezará Alejandro Armenta Mier.
Se trata del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), que han tenido un reciente proceso de renovación, previo a cambio del titular del Poder Ejecutivo de Puebla.
Con ello se diluye la esperanza que había, con la llegada de la 4T al poder, de que se podían fortalecer los derechos civiles y de género, que desde hace varias décadas han sido las demandas de los movimientos sociales y de izquierda, que a su vez han sido fundamentales para los triunfos electorales de Morena.
Cuando el PRI estuvo en el poder creó organismos públicos para la defensa de los derechos civiles, pero sin darles las herramientas jurídicas para cumplir sus cometidos.
Mientras que el PAN reduce el tema de los derechos humanos y de la sociedad civil a los intereses de grupos conservadores, que son minoritarios y que están basados en los rancios principios morales de la iglesia católica. Sin contar que los gobiernos panistas, en el ámbito federal y de Puebla, han sido los más violentos, clasistas y racistas.
Ahora con la 4T, se está dando continuidad a muchos de los vicios y la corta visión social de los gobiernos del Prian.
No se puede entender de otra manera que este martes rindiera protesta el marinista Víctor Manuel Sánchez Ruiz como el nuevo integrante del Sistema Estatal Anticorrupción.
Es cierto que el Sistema Anticorrupción no ha funcionado y ha sido un organismo de ornato que se creó para aparentar un interés oficial en combatir la corrupción.
No obstante, no se puede tolerar que ahora se llegue al extremo de colocar en ese organismo a un personaje que fue fundamental en uno de los peores gobiernos de las últimas décadas, que es el de Mario Marín Torres, quien está en prisión domiciliaria a la espera de un fallo judicial por el cargo de tortura.
El sexenio de Mario Marín se vio empañado por el conflicto político derivado del encarcelamiento ilegal de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, como parte de una trama criminal para proteger una red de pederastas. Sin embargo, ese ni fue el único escándalo de ese periodo oficial.
Otro asunto espinoso fue que, en esa época el gobierno de la República encabezado por el panista Vicente Fox Quesada hizo fuertes transferencias de excedentes petroleros a las administraciones estatales.
Para el caso de Puebla nunca se supo en dónde quedaron alrededor de 15 mil millones de pesos que, a lo largo del sexenio foxista, se habrían recibido por concepto de excedentes petroleros.
En 2006 un grupo de diputados federales del PRD denunciaron que tales fondos se emplearon para “lavar la imagen de Mario Marín” y evitar que fuera destituido como titular del Poder Ejecutivo, a causa del escándalo del caso Cacho.
Nunca se investigó el destino de tales fondos, en mucho, por el contubernio que hubo del PAN con el gobierno del priista Mario Marín Torres, como consecuencia de que el entonces mandatario contribuyó de manera decisiva al fraude electoral que en 2006 permitió a Felipe Calderón llegar a la Presidencia de la República y evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
El titular de la Contraloría en el gobierno de Mario Marín Torres era Víctor Manuel Sánchez Ruiz y tenía que haber sido el encargado de detectar el mal destino de los excedentes petroleros. Nunca pasó nada.
Lo patético es que ahora será uno de los encargados de proponer políticas públicas para el combate de la corrupción.
En el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se ha documentado que se puso al frente a Rosa Isela Sánchez Soya, quien es una mujer ajena a la materia en cuestión y que su nombramiento fue “un premio político” por su contribución a la campaña electoral de Morena en el presente año.
Durante los últimos días, Sánchez Soya ha buscado legitimarse en el cargo nombrando funcionarios de la CDH a defensores de derechos humanos –por cierto, muy destacados—que fueron ignorados por el Congreso en la designación del último ombudsman.
Pese a ello, es la hora que la nueva titular de la CDH no da a conocer cuál es su proyecto para lograr que el organismo deje de ser “una planta de ornato”, que nunca toca las altas esferas del poder político de Puebla.
Queda claro que nunca se dará a conocer ese proyecto, porque no hay la intención de cambiar algo en materia de protección de los derechos humanos.
