La ley debe ser para todas y todas. Construyendo la democracia, como parte de las jornadas de la defensa de los derechos políticos electorales, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Otálora Malassis aseguró que la construcción de una democracia genuina exige atender las particularidades de cada grupo social, donde la defensa de los derechos de la población históricamente excluida, como lo son las comunidades indígenas, es una prioridad indiscutible.
En su conferencia magistral titulada “La representación política de la población indígena”, advirtió que la inclusión jurídica de este sector ha sido un progreso construido principalmente por iniciativas del Instituto Nacional Electoral (INE), también subrayó que acompañada de estos recursos legales es el resultado de demandas planteadas ante los tribunales electorales.
Describió algunos problemas inherentes a las candidaturas por acciones afirmativas, donde enfatizó que el TEPJF ha creado jurisprudencia para facilitar el acceso a la justicia de personas históricamente discriminadas.
Afirmó que el Estado mexicano debe contar con un marco de actuación que garantice a todos los integrantes de la sociedad el derecho a una participación política libre, en igualdad de condiciones y sin absolutamente ninguna forma de exclusión.
En este sentido, al inaugurar el foro, la magistrada Otálora Malassis expuso que en la reforma al Poder Judicial de la Federación no ha sido tomada en cuenta la participación de las comunidades indígenas, especialmente de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Consideró fundamental que se reconozca el derecho del 25 por ciento de la población indígena que vive en México para que tengan el acceso a un cargo dentro de la Judicatura.
Acompañaron el acto inaugural la titular de la Defensoría Pública Electoral, Marina López Santiago; la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, María Guadalupe Silva Rojas; la consejera del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez; la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Sonia Pérez Pérez, y la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Alma Elena Sarayth de León Cardona.
Además, se llevaron a cabo las mesas de análisis “Acciones para promover los derechos político-electorales de las personas históricamente discriminadas” y “Retos para la garantía de los derechos político-electorales de las personas discriminadas históricamente”.
Es importante que se hagan las reformas judiciales pertinentes pero más importante que los principales interesado conozcan participen de manera activa en esos procesos. Además, una vez tomada en cuenta su participación, se debe seguir informando de cómo se llevan a cabo dichos métodos.
Durante su conferencia magistral, la magistrada añadió que es prioridad la defensa de los derechos de la población históricamente excluida.
Subrayó que este tribunal ha creado jurisprudencia para facilitar el acceso a la justicia de los grupos discriminados. El Estado mexicano, añadió, debe contar con un marco de actuación que garantice a todos el derecho a una participación política libre, en igualdad de condiciones y sin ninguna forma de exclusión.
Esta es la novena jornada del año, con la cual se cierran los eventos organizados para promover el trabajo de la Defensoría Pública Electoral y que tiene como objetivo que las personas conozcan los servicios gratuitos que se brindan.
