Alejandro Armenta, gobernador electo en Puebla ha generado controversia tras realizar como propuesta de incluir una reforma al código penal en donde se considere la castración química para delincuentes sexuales en el estado de Puebla.
Esta medida, busca ser una respuesta contundente ante los crecientes índices de delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos en contra de mujeres y menores de edad, y pretende convertirse en opción para disminuir este tipo de delitos.
Esta propuesta consistiría en la aplicación de castración química para aquellos delincuentes sexuales que sean reincidentes.
La castración química es un tratamiento que se administra a través de medicamentos que reducen la libido y controlan los impulsos sexuales, un método utilizado en algunos países como Polonia y algunos estados de los Estados Unidos.
“Debemos proteger a nuestra sociedad y dar un mensaje claro de que los delitos sexuales tendrán consecuencias severas”, comentó Alejandro Armenta en una conferencia de prensa.
Por su parte la Comisión de Derechos Humanos (CDH) no tardó en manifestarse sobre esta propuesta, rechazando esta medida. El organismo expresó su preocupación, señalando que la castración química vulnera los derechos humanos de los individuos.
La consejera del instituto poblano de las mujeres Liseth Mejorada también se expresó ante esta propuesta, argumentando que no le sirve a las mujeres esta propuesta cuando el sistema tiene fallas y en ocasiones no han podido ni presentar una denuncia.
La consejera comenta que no tiene que haber una castración química, lo que se tiene que realizar son trabajos de prevención.
Aunque esta propuesta no es nueva, anteriormente Alejandro Armenta ya había estado a favor de iniciativas similares.
Lo que no cabe duda es que esta propuesta ha generado un intenso debate en redes sociales y entre figuras políticas, pues algunos ciudadanos apoyan la idea de una medida ejemplar para frenar los crímenes sexuales, mientras que otros coinciden con la CDH en que la castración química es una medida inhumana que vulnera los derechos humanos.
Hasta el momento, el senador Armenta anunció que planea iniciar un proceso de consulta con expertos para enriquecer su propuesta.
