Como parte de las históricas luchas feministas en México por la defensa de sus derechos, pero principalmente a la de decidir sobre su cuerpo, han logrado un importante avance legal y social. El pasado 4 de noviembre de 2024, las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la Igualdad de Género del Congreso capitalino aprobaron con 15 votos a favor y 6 en contra un dictamen que despenaliza por completo el aborto en la ciudad de México.
Desde luego esto no fue una discusión fácil o rápida, habida cuenta del sistema legal que aún persiste en el país, como la triquiñuela del panista Diego Garrido que pidió que la sesión de comisiones unidas fuera suspendida, argumentando diversas irregularidades parlamentarias, como el no haberlos convocado a esta sesión ordinaria con 48 horas de antelación, como marca el reglamento y adelantó que impugnarán está sesión que consideró “ilegal”.
Además de que en las discusiones se despertaron una serie de tabúes y estigmas que se creían ya superados desde 2007 cuando se estableció la despenalización del aborto hasta las 12 semanas.
A pesar de que no hubo, como en aquel 2007 injerencia directa o velada de la iglesia o de los poderes fácticos eclesiásticos, rondaron comentarios y sentires arcaicos con opiniones rancias que hay aun en la ciudad sobre este tema tan importante para las mujeres y la sociedad democrática.
El dictamen deroga los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal que criminalizaban el aborto después de las 12 semanas de gestación, además se elimina el delito de aborto del artículo 76.
Los votos en contra votos en contra fueron de los panistas Olivia Garza, Lizzet Bernal, Enrique Sánchez Flores y Diego Garrido; además, a título personal, las legisladoras de PVEM Yolanda García y Paula Pérez también votaron en contra.
Durante el debate, Jannete Guerrero, del PT, destacó que la despenalización del aborto no es sólo un tema de salud, sino de justicia social y de derechos humanos para que las personas gestantes puedan tomar decisiones seguras y dignas sobre su vida reproductiva, y, para que quede claro, subrayó que despenalizar es no castigar; mientras que legalizar es permitir y regular, “lo que nosotros estamos haciendo es despenalizar, no confundamos”.
Valentina Batres, de Morena, indicó que la criminalización del aborto ha sido una herramienta de opresión utilizada para controlar y someter los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó claro que criminalizar a quienes buscan un aborto es incompatible con los derechos humanos y la justicia, “hoy como legisladoras y legisladores tenemos el deber de asegurar que este derecho no sea letra muerta, sino una realidad”.
La panista Olivia Garza apuntó que el niño no nacido tiene derecho a la vida y la morenista Valeria Cruz recalcó que no van a matar bebés. Insistió que antes muchas mujeres murieron y fueron encarceladas por decidir sobre su cuerpo, por lo que ahora les toca legislar para que esto no vuelva a ocurrir.
Elizabeth Mateos, de Morena, recordó que en 2007 fueron la primera Ciudad en aprobar la interrupción legal del embarazo, y que ahora vuelven a marcar el rumbo con la aprobación de este dictamen que busca ponerse un alto al estigma y criminalización hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. “No aceptaremos más la opresión disfrazada de moralidad, este no es un espacio para abrazar ideas fascistas y conservadoras, en la Ciudad de México luchamos por nuestros derechos y no permitiremos que la derecha imponga su agenda retrógrada sobre nuestras vidas”.
Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, dijo que la penalización del aborto afecta directamente a las mujeres de mayor vulnerabilidad, quienes no tienen los recursos, como los panistas, para irse al extranjero a interrumpir su embarazo, y destacó que el aborto después de las 12 semanas sí es posible de una forma segura, tal y como lo establece la Federación Internacional de Ginecología y Obstétrica.
Esta despenalización representa un paso más en el esfuerzo por disminuir la mortalidad materna provocada por el aborto inseguro y es imprescindible para contrarrestar la injusticia social que implica esta práctica. Y lo más importante, es un reconocimiento a la libertad reproductiva de las mujeres y sus derechos fundamentales y guarda concordancia con el carácter laico del Estado mexicano, que respeta la diversidad ideológica y reconoce la libertad de conciencia de las personas. Es una reforma congruente con la opinión de la sociedad mexicana y de su avance en la construcción democrática.
