En una decisión sin precedentes, ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han anunciado su renuncia al cargo, en una aparente negativa a participar en las próximas elecciones judiciales ordenadas por el gobierno de México.
En su carta de renuncia, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, destacó que esta decisión no implica su conformidad con la separación del cargo al que fue asignada hasta 2030, sino que representa “un acto de congruencia y respeto al texto constitucional”.
Pero esta renuncia va más allá de estar en contra de las próximas elecciones, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen derecho a recibir un haber de retiro equivalente al 100% de su sueldo mensual durante los primeros dos años posteriores a su retiro y al 80% durante el resto de su vida.
Sin embargo, el artículo séptimo transitorio de la reciente reforma judicial modifica este derecho: aquellos ministros que no resulten electos en el próximo proceso electoral no podrán acceder a su haber de retiro, a menos que renuncien al cargo antes de que dicho proceso se lleve a cabo.
En este contexto, los ocho ministros más allá de estar en contra de las elecciones, dejan entrever que solo buscan asegurar una pensión para seguir cobrando, no están en contra, no les importa la ley, solo irse con las manos llenas.
La reforma judicial establece que todos los jueces del país sean elegidos mediante voto popular y queden sujetos a la supervisión de un tribunal disciplinario integrado por funcionarios electos.
Este organismo tendría la autoridad para investigar y destituir a los jueces, una medida que ayudaría a erradicar la corrupción en el sistema judicial.
En junio de 2025, cerca de la mitad de los jueces del país, incluidos los ministros de la Suprema Corte, serán sometidos a elección popular.
Esta votación masiva, sin precedentes en ninguna otra democracia moderna, plantea desafíos logísticos y financieros significativos.
Esta “crisis” en el poder judicial mexicano, marcada por renuncias, confrontaciones políticas y conflictos, es una medida que ayudará a erradicar la corrupción en el sistema judicial.
