El pasado 21 de octubre el ministro de la Suprema Corte de justicia de la nación (SCJN) Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue orador en un panel de jueces en la universidad de Harvard.
Al hablar de la reforma judicial y los requisitos para ser ministro el panel, Ortiz Mena sintetizó los requisitos para las elecciones de jueces y magistrados en dos simples requisitos que provocaron la risa de los asistentes y de los integrantes de la mesa.
Dicho comentario banal y cómico en sí mismo por lo sintético y descontextualizado, provocó risillas y dejó satisfechos a los asistentes por el momento cómico. Pero esto desencadenó una serie de comentarios igualmente burlones en varios medios de comunicación.
El comentario del ministro es la forma adecuada de un tiktok, es decir, fue simple, breve, reductivo y simplón. Lo notable es que a este “chistorete tiktokero” se le dio la importancia de una declaración de importancia por haberla hecho un ministro en una universidad como Harvard.
Como si ese contexto y el comentarista guasón, un joker tiktoker, que además fue grabado sin esa intención y sin esfuerzo, dijera la verdad sobre los requisitos de una elección.
Por ello es necesario decir que los requisitos para ser jueces necesitan más que un promedio de 8, promedio de calificación nacional que no tiene nada qué ver con el de Harvard que es de 3 de GPE, y más que 5 cartas de recomendación de amigos o conocidos o familiares o vecinos son suficientes para ser juez o ministro.
El proyecto de reforma judicial aprobado tiene criterios y etapas para la elección de jueces federales en México.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, establece que la primera elección se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025 y será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En esos comicios se elegirá a ministros de la Suprema Corte, a magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, a los integrantes del nuevo Órgano de Administración, a la mitad de los cargos de jueces de distrito y magistrados de circuito (entre 800 y 900 cargos) y las vacantes.
La otra mitad se elegirá en las urnas en 2027, de manera concurrente con los comicios de diputados federales. La reforma judicial establece un periodo de nueve años en el cargo a jueces y magistrados y permite la reelección consecutiva.
Los Poderes Judiciales de los 32 Estados del país se renovarán de la misma manera, escalonadamente. El documento establece que las personas que aspiren a alguno de los cargos judiciales deben:
- Tener licenciatura en Derecho y haber obtenido un promedio mínimo de calificación de ocho a nueve en las materias afines al cargo.
- Tener experiencia de cinco años en la práctica jurídica;
- Deberán elaborar ensayos y entregar cinco cartas de referencias recogidas entre sus vecinos o colegas.
En el caso de jueces, ministros y magistrados en funciones, tendrán la posibilidad de participar en la elección sin requisitos adicionales ni evaluación, para darles oportunidad de repetir en el cargo o para aspirar a uno mayor.
Además, quienes sean electos como jueces y magistrados federales serán sometidos por el Tribunal de Disciplina a una evaluación el primer año de su cargo. Si reprueban tendrán oportunidad de tomar cursos de capacitación para repetir la evaluación. Si no aprueban podrán ser suspendidos o inhabilitados.
Por lo que respecta a los magistrados del Tribunal Electoral Federal (TEPJF), los cinco magistrados que actualmente están en funciones continuarán en el cargo hasta 2027.
En 2025 serán elegidas en las urnas las dos magistraturas en el Senado. Así quedará completamente integrado el pleno del tribunal, con siete integrantes.
Para el proceso de selección se ha planteado la intervención de tres órganos de evaluación, uno en cada Poder de la Unión, integrado por cinco personas, cada uno se encargará de la preselección sustentada en los expedientes y antecedentes de los aspirantes.
En el articulado se lee que se establecerán “mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos”. Además deberán presentar un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y entregar cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.
Los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo. En los casos de ministros de la Suprema Corte, de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso de los magistrados y jueces de Distrito serán seleccionados los seis mejor evaluados.
Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, tomando en cuenta la paridad de género. Finalmente los comités los remitirán a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado. La cámara alta depurará los listados que remitirá al INE a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda.
Los magistrados de Circuito, así como los jueces y ministros durarán en su encargo 9 años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser adscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial, y podrán ser cesados en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
El proyecto establece que los aspirantes a cargos judiciales podrán realizar campañas pero tienen prohibido el financiamiento público o privado, así como la contratación propaganda o de espacios en radio y televisión para promocionar a un candidato. Tampoco podrán ser respaldados por los partidos políticos. “La duración de las campañas será de 60 días y en ningún caso habrá etapa de precampaña”. La ley secundaria, que deberán legislar en el Congreso, establecerá la forma de las campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a los candidatos y a los servidores públicos que violen las reglas.
Como puede verse, el comentario del ministro tiene más tela de donde cortar y no sólo es una solapa graciosa.
