En un giro inesperado en la esfera judicial de México, Juan Pablo Gómez Fierro, ha presentado su renuncia al Poder Judicial y ha decidido no participar en los procesos de elección popular para magistrados de circuito. Esta decisión, anunciada el 16 de octubre de 2024, se produce en un contexto marcado por la controversia y el debate sobre la reciente reforma constitucional al Poder Judicial.
“Hoy decliné ante el Senado de la República mi candidatura para participar en cualquiera de los procesos de elección popular para ocupar el cargo de magistrado de circuito, por considerar que la reforma al Poder Judicial es contraria a los valores de la república y la división de poderes”, indicó a través de la plataforma de X.
Una reforma al Poder Judicial, que ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre jueces y magistrados, ya que muchos en el sistema judicial ven esta reforma como una amenaza a la independencia del Poder Judicial, y ha llevado a diversos jueces y magistrados a renunciar o declinar sus cargos para no participar en los procesos electorales derivados de dicha reforma.
Aunque Gómez Fierro, ha sido una figura polémica y llena de controversias a lo largo de su carrera, se ha destacado por emitir fallos significativos que han desafiado las reformas impulsadas por el gobierno de expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su carta dirigida al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el magistrado argumenta que la reforma actual es contraria a los valores de la República y a la división de poderes, un tema que ha generado un amplio debate tanto en el ámbito político como en el judicial.
Además, otorgó la mayoría de las suspensiones contra normativas que buscaban reformar el sector eléctrico, destacando su fallo contra la Ley de la Industria Eléctrica. Este acto provocó críticas severas del expresidente López Obrador, quien pidió una investigación sobre su trabajo.
Sus decisiones, a menudo controversiales, han dejado una marca indeleble en el sistema judicial y en la percepción pública de la justicia en el país, y se le acusa de ser un juez que otorgó amparos a empresas que demostraron estar en contra del interés nacional, y que la labor de Gómez Fierro en realidad se dedicó al beneficio de intereses particulares.
