El Poder Judicial está podrido. Infelizmente, no son pocos los casos donde la corrupción sopla su pestilente tufo.
El Poder Judicial en México se encuentra gravemente enfermo. Es un poder que, desde cualquier ángulo que se le vea, está plagado de corrupción y complicidad con el crimen.
Todos los días salen a la luz múltiples casos que evidencian cómo jueces y magistrados han respaldado y defendido a peligrosos delincuentes, dejando sin efecto procesos y vinculaciones a proceso que deberían haber resultado en condenas. No son pocos los casos donde la corrupción sopla su pestilente tufo.
Uno de los casos más emblemáticos es el de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, un personaje identificado como uno de los líderes del Cártel del Golfo. En mayo de 2024, el Primer Tribunal Federal Colegiado en Materia Penal decidió dejar sin efecto la vinculación a proceso de este individuo, a pesar de su evidente relación con el crimen organizado.
Y es que a Cárdenas Martínez, cabeza visible de un violentísimo brazo armado del Cártel del Golfo, denominado Ciclones-Escorpiones, lo responsabilizan por la masacre de 15 personas en Reynosa, justo en la frontera entre México y Estados Unidos.
Otro ejemplo de las corruptelas en el Poder Judicial es el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, a quien, en mayo de 2024, un juez de distrito decidió otorgarle un amparo definitivo que descarriló su vinculación a proceso por el caso Ecovía.
Y es que para Erik Zabalgoitia Novales, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo de la Ciudad de México, durante la audiencia de imputación contra “El Bronco”, celebrada en abril de 2022, la Fiscalía de Combate a la Corrupción no expuso ningún argumento, explicación y/o narración, sino que se limitó a leer los datos de prueba, lo que, según él, terminó por violentar el proceso de oralidad, el debido proceso y el derecho de defensa del exmandatario de Nuevo León.
Cabe recordar que “El Bronco”, en ese momento, había sido vinculado a proceso y se le había dictado una segunda medida cautelar de prisión preventiva por la requisa a la empresa Transportes Tecno Ecológicos S.A de C.V, mejor conocida como Ecovía. Desde luego, la cosa no termina ahí. Los enguajes y corruptelas en los Juzgados de Distrito se acumulan.
El pasado mes de mayo, para ofrecer otro ejemplo, un Tribunal Federal decidió conceder un amparo al ex presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Minchev Todorov, el cual ordenó dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de peculado por más de 155 millones de pesos.
Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundados los argumentos de la Fiscalía General de la Republica (FGR), la cual pretendía echar abajo la resolución dictada en primera instancia por el secretario en funciones de juez, del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal.
De acuerdo con el expediente, el Ministerio Público Federal señaló a Kiril Todorov de, supuestamente, haber desviado recursos de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte (Conade), la cual, por cierto, recibe recursos del sector privado. Lamentablemente, estos no son casos aislados.
Le cuento otro caso: El mes pasado, Fernanda Goretti Ávila González titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Sinaloa, decidió dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en contra del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina.
Por su parte, el rector de la UAS, aunque ha sido imputado por delitos graves, como ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, Defender la autonomía universitaria me ha traído una persecución política.
Lo cierto es que, gracias a su estrecha relación con el Poder Judicial, la propia Universidad Autónoma de Sinaloa ha obtenido amparos contra las revisiones de la Auditoría Superior del Estado a los recursos ejercidos en 2022, dejando sin efecto las vinculaciones a proceso contra sus funcionarios.
Estos hechos, sin duda, reflejan un Poder Judicial que, desde hace muchos años, ha perdido su rumbo y se ha convertido en cómplice de la corrupción e incluso en una suerte de protector del crimen organizado.
Esa terrible impunidad y falta de rendición de cuentas han minado la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, un poder que debería ser un pilar fundamental del Estado de derecho.
Y aunque en los medios de comunicación corporativos hagan jugosos convenios económicos para intentar encubrir esta realidad, lo cierto es que se necesita, urgentemente, una profunda reforma del Poder Judicial, una reforma que garantice, automáticamente, su independencia, su transparencia y que su rendición de cuentas sea vigilada permanentemente.
Solo así, el Poder Judicial podría recuperar la credibilidad y cumplir con su función de impartir justicia de manera imparcial y efectiva.
