La vocación minera de México no tiene 5 siglos, viene de mucho antes de que los hispánicos arribaran a estas tierras a fines del siglo XV. El empeño por el trabajo subterráneo, dada la directa recompensa que conlleva, va más allá del interés económico, tiene fuertes vínculos culturales, cosmogónicos y con fuerte arraigo tradicional en las civilizaciones más antiguas:
Con independencia de las técnicas europeas de beneficio de los minerales metálicos, los antiguos pobladores de Mesoamérica consiguieron desarrollar técnicas metalúrgicas como la fundición, primordialmente aplicada para la obtención de plata.
El inicio de la dominación española trajo como primera “actividad económica” la extracción y movilización de masivas cantidades de bienes de valor del subsuelo para su transferencia desde todas direcciones, en prácticamente toda la geografía de américa, a muy pocas manos en Europa. Esta actividad minera en la época colonial -respecto a la actividad prehispánica equivalente- trajo aparejada la exploración y colonización de territorios distantes y susceptibles de ser explotados a tal grado que alteró la cantidad, ubicación y configuración de centros poblacionales y sus imprescindibles vías de acceso y movilidad.
En esa época fue de tal importancia y duración la producción de metales preciosos de américa para la economía mundial, especialmente por la contribución de México debido a la abundancia de plata, que se han realizado estimaciones de la explotación y flujo de estos metales a Europa desde el siglo XVII, de tal suerte que se estimó un factor de 10x para que el conjunto de la producción de las minas de toda europa las igualara.
Un ejemplo conocido sobre el asunto es el contraste, en aquel momento, de la producción de todas las minas más ricas de Alemania, en la región de Sajonia -con una extensión territorial un poco inferior a la del estado de Hidalgo, México- con la espectacular riqueza de la mina “La Valenciana”, en el estado de Guanajuato, que en el período de un año (en ese mismo tiempo) produjo el equivalente a 360 mil marcos de plata, misma que para ser igualada por la otra habría requerido mantener invariable su producción y acumularla por 36 años.
Adicionalmente, es oportuno mencionar sobre esta mina mexicana guanajuatense que su producción de plata representaba casi el 70 por ciento de la masa total de ese metal extraida de la Nueva España. De igual modo, esta mina, aunque a profundidades mayores, actualmente sigue produciendo este metal estratégico.
A pasar de que esa condición imperó por un lapso de 3 centurias, la espoliación de las riquezas mediante la incesante extracción de las riquezas del subsuelo del país en la forma de metales preciosos a un costo de extracción prácticamente inexistente desde los tiempos posteriores a la independencia de México, y hasta hoy, no ha dejado de estar en manos extranjeras (mayoritariamente estadounidenses, inglesas y en las décadas más recientes, canadienses).
En los tiempos posrevolucionarios esta actividad ha sido, con honrosas excepciones, permanente e irresponsablemente tutelada y manejada por gobiernos autoritarios, conservadores y reconocidamente obsecuentes ante países-potencia con gobiernos de carácter tutelar, en detrimento de la hacienda nacional, de los trabajadores y del medio ambiente (territorio y cuerpos de agua involucrados), puesto que las condiciones ventajosas siempre han estado del lado de los grupos minero-empresariales extranjeros y nacionales.
Se ha pasado por alto, probablemente no sin intención, que la minería mexicana -junto con la industria de los hidrocarburos- tuvo un papel estratégico y más que relevante en tiempos de la segunda guerra mundial. La abundancia de materiales, minerales y elementos críticos, que desde los años previos a la conflagración mundial estuvo disponible y asequible en corto y de inmediato para la mayor potencia armada y económica del mundo, permitió la concreción de la fabricación de buena parte de la imprescindible y urgida masa de componentes y dispositivos bélico requeridos perentoriamente en el frente de guerra.
Al respecto, se sabe que en esa coyuntura hubo convenios entre ambos países para apoyar la transferencia de tecnología en temas de tecnificación industrial, agrícola y de minería hacia México una vez finalizada la guerra. Eso no se cumplió en su momento y nunca sucedió, pero eso mismo sí se concretó en Europa y Asia como parte de los planes de recuperación de posguerra de los países antagonista derrotados.
No sobra decir que muy poco beneficio de conocimiento industrial, tecnológico de fundición y refinación se obtuvo localmente hasta que esas prácticas comenzaron muy lentamente a permear en el país en la última parte del siglo XX, luego de que el presidente López Mateos modificara la Ley Minera buscando más y mejor participación de capital nacional, inversiones puntuales para corregir rezagos y distorsiones de asimetría tecnológica minera, así como recortar la vigencia de nuevas concesiones mineras.
Durante los gobiernos centralistas del último tercio del siglo pasado (proclives a intervenir en actividades productivas tuteladas por el estado), se dió el desarrollo de minas emblemáticas a nivel mundial que explotaban minerales commodity de alto valor como el cobre (Cananea, Sonora), y la mina de sal más grande del mundo, la salinera de Guerrero Negro, en Baja California Sur, en sociedad con la japonesa Mitsubishi Co. Cabe señalar que la historia y manejo de estas dos empresas -que no es tema en esta oportunidad- es importante para ejemplificar y entender el estado actual de la minería mexicana en diversos aspectos.
Al inicio de los 90, ya consolidado en México el modelo económico neoliberal con Carlos Salinas de Gortari, se alcanzó la cifra de 17 mil doscientas sesenta y siete concesiones mineras, lo que representaba una extensión del territorio nacional concesionada de casi 9 millones de hectáreas por 50 años y renovable a 50 años más. En ese año (1992) se había reformado la Ley Minera a partir de la modificación del artículo 27 constitucional sobre la explotación y aprovechamiento de los recursos del subsuelo en la que se retiró al Estado como partícipe de la exploración y explotación de los recursos del subsuelo y perfilarlo ya únicamente con un enfoque de mercado de apertura total de la actividad productiva del ramo.
Esta situación le allanó el camino a las grandes mineras extranjeras y algunas nacionales capaces de hacerse de más de la mitad del territorio nacional por medio de concesiones, como sucedió hasta el final de 2018. De haber beneficios por derechos, impuestos y aprovechamientos, éstos fueron menos que pírricos, conforme a los privilegios fiscales imperantes durante el período neoliberal. En esa ocasión en la ley mencionada también se incluyó la modificación al incremento en el tiempo de la extensión de las concesiones mineras y su renovación (por 50 años) hasta un total de 100 años.
Como consecuencia de ello, en los últimos 40 años la reglamentación minera y las acciones para su operatividad fueron ajustadas para propiciar una dinámica de explotación masiva y de uso libre de los recursos hídricos y con amplias libertades legales de disposición para la abusiva incorporación de zonas adyacentes de servidumbre para las actividades asociadas a la minería, soslayando el impacto negativo de esta actividad por sobre los habitantes, el medio ambiente y los factores ecológicos en dichas localidades, incluso sin importar que tuvieran el carácter de zonas de reserva ecológica y de patrimonio cultural.
De 1994 en adelante (y hasta 2018), en cada período de gobierno sexenal neoliberal el número de concesiones mineras que se expidieron fue como sigue: 11 mil quinientas veinticuatro (Zedillo); 15 mil setecientas cincuenta y tres (Fox); 12 mil ochocientas sesenta y cuatro (Calderón); 5 mil trecientas noventa y seis (Peña); y ninguna (López Obrador). La suma de estas concesiones a particulares (compañías mayormente extranjeras) alcanzó las 45 mil quinientas treinta y siete, lo que representó para esta actividad un territorio comprometido de 105 millones de hectáreas, es decir, el 53.2 por ciento del total de la superficie del país. En la región norte del país, por ejemplo, en 2016 tres estados norteños registraban los mayores registros de concesiones mineras acumulando 11 mil cuatrocientas cincuenta, y de ellas los dos estados con más asignaciones fueron Sonora y Durango, acaparando el 70 por ciento del total de concesiones para ese año.
Consecuencias de la acelerada explotación y extracción de los recursos
La rápida expansión de la actividad extractiva en el período neoliberal de los últimos 38 años ha devenido en serios y numerosos conflictos sociales y ambientales en razón del indiscriminado uso de los recursos naturales por parte del capital privado nacional y foráneo conforme a las leyes y reglamentos vigentes hasta ahora, y que ha sido puesto a su disposición y defendido para su instauración respectivamente por los últimos presidentes conservadores y la actual Suprema Corte de Justicia (igualmente conservadora), que apenas en esta primera mitad de año ha determinado la inconstitucionalidad de la propuesta de modificación presentada por el ejecutivo y conocida como Plan B:
De entre los abundantes y perniciosos casos de ecocidio por actividad minera irresponsable (se cuentan por varias decenas), de aquellos correspondientes a los últimos años (específicamente en 2014), se puede mencionar la tristemente emblemática contaminación generada por la mina Buenavista del Cobre (Grupo México) en los ríos Bacanuchi y Sonora. El hecho lamentable ocurrió porque la mina referida virtió intencionalmente en ambos ríos un total de 40 mil metros cúbicos de ácidos azufrosos con metales pesados. Las comunidades de la región resultaron perjudicadas puesto que las aguas corrientes y subterráneas de la región, junto con todo el terreno involucrado en el sistema acuífero afectado, fueron severamente contaminados sin que hasta ahora (2023) se hayan realizado trabajos de remediación en el sitio.
De no ser suficiente este desastroso acto criminal, otro similar lo protagonizó la misma empresa (Grupo México), sólo que esta vez en otro punto de la geografía norteña de México. En 2019 se detectó la contaminación del muelle en la costa de Guaymas, Sonora, en el Golfo de California, esta vez por el derrame de 3 millones de litros de ácido sulfúrico al mar. Hasta hoy no se ha aclarado por parte de la empresa el que haya realizado acciones de mitigación y remediación por la criminal falla operativa mencionada.
El caso de Pasta de Conchos, Coahuila, es sin duda el ejemplo de impunidad más acabado en tareas de explotación minera protagonizado por la misma empresa. En 2006 murieron 65 mineros y, todos menos dos, quedaron atrapados dentro de las pseudo-galerías de labor a pico y pala derrumbadas en el subsuelo del sitio. Con el apoyo de la autoridad federal y estatal, la empresa de Larrea, el segundo magnate más rico de México, decidió evitar incurrir en gastos para, en principio, intentar salvar a los trabajadores enterrados y recuperar los cuerpos de los perecidos. Ni una pala se movió para tal fin.
El sitio fue cercado por empleados de seguridad de la empresa con el apoyo de fuerza pública local y posteriormente se cerró con la venia de las autoridades del Trabajo y de Economía federales. Con la venia de los gobiernos pro-empresariales se sabe que la razón del magnate para no realizar obra de rescate alguna -y lo mismo, es su dicho recurrente para tampoco realizar alguna de tipo correctiva o de remediación en desastres ambientales y compensación a pobladores afectados, o incluso para no resolver huelgas provocadas por sus empresas (entre otras Cananea, Taxco y Sombrerete, como ejemplos)-, siempre ha sido acompañada con el argumento de no contar con recursos monetarios para ello.
Es claro que el fin último de la cantidad de tierra apartada para la explotación minera en todo este período neoliberal ha sido la extracción de las riquezas y su enajenación mediante la apabullante intervención de empresas extranjeras altamente tecnificadas sin que sean reguladas y paguen los derechos e impuestos mínimos para su operación. En las comunidades donde están presentes, no dejan al menos empleos decentemente remunerados y sí una estela de destrucción ecológica y del medio ambiente que comienza con la profunda y muy extensa contaminación de terrenos y aguas (superficiales o subterráneas).
En todo este período el enriquecimiento de los mexicanos dueños de las más cuantiosas concesiones mineras los ha llevado a acumular capital en tal cantidad y en tan corto tiempo que, de los 5 magnates mayores de cualquier ramo industrial, tres son mineros: Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailléres, Minera Frisco, Grupo México e Industrias Peñoles, respectivamente. Sus riquezas, por contrastar, no se comparan con aquellas de los tradicionalmente más ricos dueños de minas -no de concesiones mineras- de Australia: Gina Rinehart, Andrew Forrest, y la familia Hancock, la mayor parte de ellas de añeja riqueza se tendrían que multiplicar, en algunos casos en factores de 10x, para aproximarse a las de los noveles potentados de México.
La anterior comparación no es superficial ni menor puesto que desde mediados del siglo XIX en Australia surgen las compañías mineras más ricas y más grandes del orbe (BHP, Rio Tinto), y es ahí donde se da el impulso a la exploración y explotación de minerales en yacimientos tipo en oro, plata, zinc, hierro, entre otros. Adicionalmente, en tiempos de enorme crecimiento de la demanda para abastecer a China, el mercado más grande del mundo durante los últimos 30 años, este país de Oceanía se ha beneficiado como nunca debido al masivo y frenético comercio de minerales commodity que empujaron brusca y fuertemente los precios de estos productos.
La sólida recuperación de los precios de minerales valiosos y commodities luego de la pandemia, hecho extensivo al país arriba referido por ser de efecto global, localmente se reflejó en las arcas de los magnates mineros mexicanos con un impacto en sus cuentas bancarias de unos y otros muy diferente, tanto que no es suficiente para explicar la importante distancia en la riqueza de los magnates mexicanos con la de sus similares de Australia. La “pequeña diferencia” en las cuentas y la rapidez en la acumulación de riqueza entre unos y otros se explica por la inexistencia de privilegios fiscales y la disciplinada y metódica cobertura de pagos en comisiones e impuestos sin condonaciones y devoluciones irregulares de impuestos en aquel país, no así en México, cuando todos esos beneficios se daba en el período neoliberal (1982 – 2018) para grandes empresas mineras nacionales y extranjeras.
En los primeros 15 años del nuevo siglo, con la benevolencia de la ley específica de 1992, para “promover inversiones en el ramo” y “establecer condiciones de amplia desregulación”, con el fin de promover las inversiones en favor del crecimiento económico, el monto del pago de derechos sobre minería fue el más bajo del continente, en comparación con el resto de los países. La cuantía de dicho monto osciló entre medio punto porcentual y el 2 por ciento de la producción. En contraste, en otros países sudamericanos con fuerte vocación minera (Chile y Perú) la recaudación por el rubo indicado fue entre 4 y 5 veces mayor.
En el caso particular de la empresa de Germán Larrea, en 2013 cumplió con sus obligaciones hacendarias; en su caso, la Ley Federal de Derechos obligaba a los dueños de concesiones mineras a entregar una contraprestación por hectárea concesionada al erario conforme el tiempo de vigencia y de manera semestral. El rango de cobro se fijó en $5.91 Moneda Nacional (M.N.) hasta los primeros dos años; $8.83 M.N. hasta el cuarto año; $18.26 M.N. hasta el sexto año; $36.73 M.N. hasta el octavo año; $73.44 M.N. hasta el décimo año; y $129.24 M.N. en adelante. En términos llanos para una hectárea recién concesionada, para los dos primeros años se acumuló un monto de $23.64 M.N., por cubrir en 4 pagos semestrales ($5.91 x 4), con toda la libertad para explotar y sacar los valiosos productos del país haciendo uso, para ello, de todas las aguas disponibles superficiales y subterráneas en la zona. ¡Solo los antipatriotas neoliberales mexicanos!.
En 2015 se buscó aumentar la recaudación en el ramo minero al modificar la ley hacendaria mediante la creación de un impuesto especial (7.5 por ciento sobre los ingresos por extracción) y uno extraordinario (0.5 por ciento), menos deducciones. Con el cambio en la política recaudatoria nacional por orden ejecutiva desde mayo de 2019, relativa al cobro de impuestos y la eliminación de condonaciones o devoluciones de impuestos, aún así, la capitalización de mercado del Grupo México de Germán Larrea, el segundo en la lista de los mexicanos más ricos, en 2022 alcanzó los 641 mil cuatrocientos millones de pesos. Ese monto representó el doble de su valor bursátil con respecto a 4 años atrás (al inicio de la administración de la 4T), cuando registró un valor de 314 mil ochocientos veinticinco millones de pesos, es decir, en el período señalado la empresa minera emblema del Grupo México incrementó su valor en 104 por ciento.
Un reporte técnico del sector minero reveló que en los 10 años anteriores al actual sexenio se entregó una quinta parte del territorio nacional (96 millones de hectáreas) a mineras canadienses. En el paquete se incluían minas supremas; dentro de las joyas mineras de calidad mundial enajenadas a una empresa canadiense (Goldcorp), se incluye la mina Peñasquito, Zacatecas, que es la mayor productora de oro y plata de México. Adicionalmente, un comparativo de la superficie concesionada a minería por la administración neoliberal de 2006 a 2012, contra la enajenada para el mismo propósito durante los 30 años del porfiriato, permite observar que la más reciente entrega de territorio a mineras supera por 5.5 millones de hectáreas a aquella de la segunda mitad de del siglo XIX.
Del mismo modo, la rapidez de extracción de la riqueza nacional como oro de 2006 a 2018 se elevó en 5x al pasar de 25 a 140 millones de toneladas métricas. En el mismo período, la tasa de remoción de cobre del subsuelo del país se incrementó 3x al pasar de casi 100 a 250 millones de toneladas métricas. La consecuencia obvia de lo anterior es que la riqueza explotada y sacada de México durante los 3 siglos de la época colonial se igualó en menos de un sexenio durante el período neoliberal.
En resumen, la aparentemente interminable y singular riqueza enterrada de México, siempre ha sido codiciada por nacionales y extranjeros quienes han buscado extraerla y sacarla del país por siglos. Para ese propósito los beneficiados han contado con la complicidad de una estructura jurídico-administrativa-financiera encabezada hasta 2018 por poderes ejecutivos sexenales entreguistas y traidores a los mexicanos. Es de reconocerse que hoy, con todas las resistencias económicas y judiciales en contra, la reforma a la ley minera está contrarrestando parcialmente el esquema establecido por los magnates mineros nacionales y extranjeros por casi un siglo.
Finalmente, la nueva legislación recientemente aprobada, aunque no completa e idónea, está forzando la reversión de las condiciones de espoliación a las comunidades, de modo que su existencia sea viable mediante la recuperación del entorno territorial e hídrico que se les había quitado para ser entregado a las grandes empresas mineras, éstas hoy más que nunca, rápidamente concentradoras de riqueza.
