No cabe duda que la seguridad pública es la gran deuda de la estructura gubernamental del Estado mexicano con su población. Como nunca antes, en los medios de comunicación se critica la estrategia de seguridad y la participación de la guardia nacional y el ejército en tareas de seguridad. Lo que antes de aplaudía ahora se ve como un gran peligro incluso con riesgos de ”autoritarismo”.
Dentro de la crítica, a veces fundada (y la mayor parte de las ocasiones para obtener beneficios políticos) salen a relucir voces de panismo que ante las políticas militaristas del sexenio calderonista que violaban tajantemente los derechos humanos en los operativos conjuntos;[1] voces que no defendieron a las víctimas de aquellos días y que ahora son férreos detractores de las fuerzas armadas (Creel, Martínez Cázares, Téllez). Destaca también la doble moral de los medios televisivos que ahora se preocupan tanto por la seguridad y martillan la tesis militarista. Un estudio demuestra que el sexenio calderonista aceitó a los medios con dinero para mejorar la imagen de las fuerzas armadas y así “las áreas encargadas de la seguridad nacional recibieron más recursos que nunca antes, es decir que, en general, representaron un incremento de 97 %. De 2007 a 2012, el gasto de las dependencias más vinculadas en materia de seguridad (la SSP, la SEMAR, la SEDENA y la PGR) pasó de 66,000 millones de pesos a 130,000 millones de pesos” (Brambila, 2014).[2]
En aquellos días los medios no hablaban de militarización sino que ensalzaban a la SEDENA con todo tipo de spots; haciendo lucir sus desfiles, celebraciones y posicionándola como la “Gran Fuerza de México”. El estudio de Brambila también documenta que la SEDENA contrató a McCann Erickson para instrumentar una campaña publicitaria en radio y televisión para posicionar la imagen del ejército. [3]
Viene a cuento este largo proemio -del tema de seguridad- por que en este momento, la mayoría de los medios dominantes nacionales critica férreamente la debilidad de los controles de seguridad el ejército para evitar el robo de datos y lo que ellos consideran como una creciente militarización de las actividades ordinarias del gobierno federal (obra pública, operación de aeropuertos, control de aduanas). Si uno pone en el buscador de Google las palabras “militarización México” invariablemente las notas son de crítica -tanto nacional como internacional- a la militarización de México y caso al unísono sostienen una serie de preocupaciones sobre el riesgo que implican estas decisiones del presidente y del Congreso de la Unión.
Es verdad que hoy más que nunca debemos discutir la participación de los cuerpos de seguridad pública -que no son de origen civil- y con ello orientar el debate hacia la responsabilidad integral de presidencias municipales, comisiones estatales de seguridad, gubernaturas, fiscalías, poderes judiciales locales y consejos de participación ciudadana pues todos ellos tienen una gran responsabilidad como primeros respondientes por la seguridad que ocurre en nuestras calles, delegaciones, colonias y entidades federativas. Pero considero un error capital esperar que la federación -llámese guardia nacional o ejército- ofrezca todos las soluciones al problema de seguridad cotidiana. Sostengo en este sentido que el debate debe ampliarse para visualizar la seguridad como una cadena productiva en dónde todos los insumos son clave: desde la respuesta de la policía local, las fiscalías, los servicios periciales, la labor de las defensorías tanto públicas como privadas, y la función de los poderes judiciales de cada entidad.
Un debate amplio y con análisis más profundo es fundamental. Todo ello se va lograr si en lugar de las peroratas -como las que apreciamos esta semana en el Senado de la República y los dislates provocados por el gobernador de Jalisco y Nuevo León- nos sentamos a discutir la responsabilidad política y jurídica de la situación de seguridad en cada entidad federativa y que de una vez por todas se reconozca la falla estructural de las policías locales. Ernesto López Portillo afirma que “la discusión dominante en el espectro político hoy en México, sea del color que sea, está desconectada de la ciencia aplicada a la seguridad ciudadana”.[4] Este planteamiento es un punto nodal para mejorar las propuestas y despolitizar el debate de la seguridad. Requiere menos politiquería y más análisis que considere todos los factores y todos los actores en la seguridad. Además, no debemos perder de vista que ha sido este gobierno el que ha implementado a largo plazo -y con sus asegunes– la mitigación de la pobreza y la corrupción como estrategia de seguridad humana. Por ello, necesitamos un planteamiento de fondo y no de forma y debemos exigir a TODA la clase política más información y datos objetivos y menos teatralidad para las redes.
Fuentes:
[1] El caso Alvarado vs México en la Corte Interamericana de Derechos humanos estableció que “La Corte observa que en el contexto de la implementación de dichas estrategias de seguridad de combate al narcotráfico y al crimen organizado en México, desde 2010 el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de elementos castrenses en los lugares en que se encontraban desplegados para garantizar el orden pública”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018, párr. 59.
[2] Brambila, José Antonio. (2014). Comunicación en la guerra contra el narcotráfico: La estrategia publicitaria de la SEDENA (2007-2011). CONfines de relaciones internacionales y ciencia política, 10(20), 9-33.
[3] Ibid.
[4] https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/la-via-civil-de-la-seguridad-en-el-5to-constitucional-transitorio/
